Tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el 7 de septiembre, entra en vigor la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Las principales modificaciones de esta ley están orientadas a la mejora de la carrera y el desarrollo profesional del personal investigador, a reducir la carga burocrática de la investigación y a aunar esfuerzos entre el sector público y privado.

El proyecto de ley de 1 de junio por el que se reforma la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación entra en vigor este mes de septiembre. Una reforma, incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que está orientada a fortalecer las capacidades del Sistema Público de Ciencia, Tecnología e Innovación de España para mejorar su eficacia, coordinación, gobernanza y transferencia del conocimiento, así como para reducir las cargas administrativas.

Con esta reforma se pretende dotar de más recursos, derechos y oportunidades al personal del ámbito público de I+D+I, especialmente a los jóvenes, y garantizar una financiación pública de la I+D estable y creciente con el objetivo de alcanzar el 1,25% del PIB en 2030, de conformidad con el Pacto de la Ciencia y la Innovación.

Entre otras medidas para mejorar la carrera científica y técnica en el ámbito de la I+D+I, el texto recoge una nueva modalidad de contrato indefinido vinculada al desarrollo de actividades científico-técnicas para todo tipo de personal de investigación en el marco de líneas de investigación definidas y en contratos de I+D+I. Asimismo, establece un nuevo itinerario posdoctoral que busca reducir la edad de entrada al sistema y facilitar la incorporación estable al mismo y otras para estimular la atracción de talento a España y la movilidad del personal de investigación.

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Ley de la Ciencia